La Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez se encuentra en el centro de una creciente polémica tras el decomiso de más de 620 mil litros de combustible ilegal durante el pasado fin de semana.
Activistas y asociaciones civiles han solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que amplíe las investigaciones hacia las autoridades aduanales locales, señalando posibles actos de corrupción y favoritismo que habrían facilitado la entrada de hidrocarburos sin el pago de impuestos correspondientes.
Las denuncias apuntan directamente al coronel retirado Benito Cegueda Hernández, actual administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, y a su subadministrador Joel Jiménez, quien supervisa el Puente Internacional Zaragoza, principal punto de ingreso del combustible ilegal.
Según Mariana Guzmán, integrante de la Organización Nacional de Vendedores de Hidrocarburos Petróleo (Onavhi), desde la llegada de Cegueda Hernández se ha observado un trato preferencial hacia ciertos grupos, permitiendo el paso de "cientos de pipas de combustible ilegal" sin mayores controles.
Además, se han mencionado nombres de presuntos colaboradores cercanos al administrador, como Federico Anaya, Elizabeth Calzada, Carlos Muñoz y Cynthia Soto, quienes podrían estar involucrados en estas operaciones ilícitas. Los activistas exigen que la FGR investigue a fondo estas conexiones y determine las responsabilidades correspondientes.
Este caso se suma a una serie de operativos recientes en diversos estados del país, donde se ha intensificado la lucha contra el "huachicol fiscal", práctica que no solo afecta la economía formal al evadir impuestos, sino que también representa un riesgo para la seguridad nacional.
Las autoridades federales han reiterado su compromiso de combatir este delito y sancionar a quienes resulten responsables, sin importar su posición o cargo.
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