Elecciones 2025: Estos son los candidatos al poder judicial relacionados con la delincuencia

A pocos días de las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, organizaciones civiles han alertado sobre la presencia de al menos 24 candidaturas consideradas de alto riesgo para la integridad del Poder Judicial en México.

La organización "Defensorxs" ha identificado perfiles con vínculos al crimen organizado, acusaciones de violencia sexual y nexos con sectas político-religiosas, lo que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad.

Uno de los casos más notorios es el de Luis Castañeda Palacios, aspirante a juez laboral federal en la Ciudad de México. Castañeda, quien actualmente se desempeña como subdirector de Defensa Legal en la Consejería Jurídica de la Presidencia, enfrenta al menos 36 denuncias por acoso sexual desde 2012. Además, fue detenido en 2022 por presunto homicidio culposo tras atropellar a un motociclista.

Otro caso preocupante es el de Edgar Agustín Beiza, juez de control y candidato a magistrado de Circuito en materia penal en la Ciudad de México. Beiza fue vinculado a proceso en 2018 por abuso sexual agravado, aunque el caso fue cerrado en 2019 tras el perdón de la víctima. También ha sido señalado por encubrir a agresores sexuales y por intentar censurar información periodística relacionada con una precandidata política.

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En Jalisco, Francisco Martín Hernández Zaragoza, candidato a magistrado de Circuito en materia penal, fue destituido en 2015 por una denuncia de abuso sexual. A pesar de que la sanción fue confirmada por la Suprema Corte, su candidatura fue aprobada para estas elecciones.

Defensorxs también ha identificado a candidatos con antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado. Por ejemplo, Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez penal, ha defendido a miembros del cártel de Los Zetas y fue sentenciado por portación ilegal de armas. Andrés Montoya, exadministrador penitenciario en Sonora y candidato a magistrado, es señalado por su presunta implicación en la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.

La organización ha presentado quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la cancelación de estas candidaturas. Sin embargo, el INE ha indicado que no puede retirar nombres de las boletas antes de la elección. Este panorama ha generado un debate sobre la idoneidad de los mecanismos de selección y la necesidad de garantizar la integridad del proceso judicial en México.