El próximo 1 de junio de 2025 se vivirá un hecho histórico en México: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir mediante voto directo a quienes ocuparán cargos clave dentro del Poder Judicial.
Este cambio sin precedentes forma parte de una profunda reforma que busca democratizar uno de los poderes más relevantes del país, integrándolo a las prácticas electorales que ya rigen los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Durante esta jornada electoral se definirán 881 puestos en todo el país, entre ellos ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral y juzgados de distrito.
Además, 19 entidades renovarán sus tribunales locales bajo estas nuevas reglas. Lo que está en juego no solo es una estructura institucional, sino también la garantía del respeto a los derechos humanos, la legalidad de los procesos y el equilibrio del poder público.
Aunque no existe una sanción legal por no acudir a votar, la abstención ciudadana podría tener consecuencias profundas. El desinterés o la apatía pueden debilitar la legitimidad de quienes resulten electos, además de reducir la representatividad del sistema judicial. En esencia, no votar implica delegar en otros la decisión de quiénes impartirán justicia en el país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo de la Judicatura Federal han hecho un llamado enfático a la participación activa. Votar en esta elección no se trata de elegir promesas de campaña, sino de decidir quiénes serán los responsables de interpretar y aplicar las leyes que rigen a toda la nación.
La ciudadanía tiene así una oportunidad única de influir directamente en el rumbo del sistema judicial. Participar en estas elecciones fortalece la democracia y garantiza que la justicia se administre con legitimidad, profesionalismo y cercanía al pueblo.
Nosotros | Publicidad | Suscripciones | Contacto | Aviso de Privacidad
Reservados todos los derechos 2025 |