Tras un mes de campaña....

Ha llamado la atención en el país, la solicitud de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, quienes  pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial, ya que -aseguran- los aspirantes están bajo investigación de la Fiscalía General de la República sospechosos de tener vínculos con grupos del crimen organizado o no obtuvieron una calificación mínima de ocho en la licenciatura.

Lo que llama la atención es que los parlamentarios no se percataran de ello en su momento y la petición parece llegar tarde. A menos de un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral judicial, las solicitudes de cancelación de estas candidaturas fueron presentadas el domingo ante el órgano electoral, que deberá emitir una resolución al respecto.

Y es que, en los documentos entregados a la autoridad electoral administrativa, el Legislativo señala que 18 candidatos no cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad previstos en la fracción IV del artículo 95 y fracción III del artículo 97, ya que no gozan de buena reputación ni fama en el concepto público, porque pesan sobre ellos investigaciones a cargo de la FGR o porque detectaron que defendieron o liberaron a miembros del crimen organizado.

Además, detallan que seis candidatos cuentan con carpetas de investigación en su contra por abuso sexual, lesiones y amenazas, peculado, delincuencia organizada o incluso tienen órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud y fueron abogados defensores de miembros del cártel de Sinaloa acusados de secuestro, narcotráfico, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Los legisladores Gutiérrez Luna y Fernández Noroña enlistan a otros 12 aspirantes a cargos del Poder Judicial que no cumplen con el requisito de idoneidad al haber sido abogados defensores de integrantes de grupos de la delincuencia organizada, que concedieron libertad indebida a presuntos narcotraficantes o acusados de abuso sexual, portación de arma de fuego, delitos contra la salud o desaparición forzada.

La gran pregunta es ¿apenas se percataron de ello? cuando las boletas ya están impresas con los nombres de estos candidatos que están pidiendo retirar de la contienda. A decir de los parlamentarios, de no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de intereses y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular.

Además, otros ocho candidatos -dicen- no cumplieron con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho, de los cuales buscan ser candidatos a salas regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito. Complicado el escenario para el INE con ésta solicitud, a tan solo 24 días de que concluyan campañas.