A 16 días de la elección judicial, mexicanos desconocen el proceso y sus implicaciones

A escasas dos semanas de celebrarse una de concretarse una de las reformas más significativas para el sistema judicial mexicano, la ciudadanía en general se encuentra en gran medida desinformada respecto al proceso de la llamada "elección judicial" y a las profundas implicaciones que esta podría tener para el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.

UN PROCESO HISTÓRICO, PERO OPACO

La reforma para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial ha sido presentada como una medida democratizadora y una solución al problema de opacidad y corrupción en la impartición de justicia. Sin embargo, a 16 días de que potencialmente más de 90 millones de mexicanos sean convocados a las urnas, persiste la confusión sobre los mecanismos específicos de elección, el perfil de los candidatos, los criterios de elegibilidad y la función real de los futuros funcionarios judiciales.

De acuerdo con recientes encuestas, más del 65% de la población desconoce detalles fundamentales sobre la elección. Los nombres de los candidatos, las funciones de los cargos y, aún más importante, los efectos a largo plazo para la independencia judicial son aspectos ajenos para la mayoría. Las campañas de información oficiales han resultado insuficientes y fragmentarias, relegando el debate público a círculos especializados y dejando a la ciudadanía en una preocupante incertidumbre.

IMPLICACIONES PARA LA DEMOCRACIA

El desconocimiento masivo del proceso electoral judicial no solo revela una crisis de comunicación institucional, sino que también pone en riesgo los principios democráticos que se pretende fortalecer. La legitimidad de cualquier elección —más aún de una relacionada con el pilar de la justicia— depende de una ciudadanía informada y partícipe. Si el electorado ignora las funciones, atribuciones y responsabilidad de los jueces que elegirá, la elección corre el riesgo de convertirse en un ejercicio simbólico sin verdadera representación democrática.

Adicionalmente, la ausencia de información favorece la manipulación y la intervención de poderes fácticos o intereses políticos, lo que podría debilitar, en vez de fortalecer, la independencia del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra que, sin mecanismos claros de selección y control ciudadano informado, los procesos judiciales electivos pueden derivar en mayor clientelismo, politización de la justicia y pérdida de confianza en las instituciones.

NECESIDAD DE MAYOR PARTICIPACIÓN Y PEDAGOGÍA DEMOCRÁTICA

En este contexto, es urgente que tanto autoridades electorales como la sociedad civil intensifiquen esfuerzos para informar y educar a la población sobre el alcance de la elección judicial. La democracia implica mucho más que el ejercicio del voto: requiere, sobre todo, una ciudadanía capaz de discernir y vigilar a quienes ejercerán el poder público. Organizaciones especializadas, universidades y medios de comunicación tienen la responsabilidad de promover debates abiertos, divulgar información clara, y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera consciente y responsable.

La designación de impartidores de justicia por voto popular representa, sin duda, un momento definitorio para la democracia mexicana. Sin embargo, si no va acompañada de una auténtica pedagogía democrática y de políticas de comunicación adecuadas, podría generar más incertidumbre y poner en jaque la confianza en el sistema de justicia. Es tarea de todos reclamar información transparente, exigir rendición de cuentas y construir, desde la base, una cultura jurídica sólida, crítica y participativa.

A 16 días de la elección judicial, el mayor reto no es el número de boletas a imprimir, sino el conocimiento y la apropiación ciudadana de un proceso que puede redefinir el futuro de la Justicia en México.